La resolución emitida por la Corte, con la firma del propio Rosatti, de Maqueda y de Rosenkrantz, dispuso que el nuevo Consejo de 20 miembros comience a funcionar «de manera inmediata».

La Corte Suprema, con la firma de tres de sus ministros, dispuso este lunes que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar «de manera inmediata» con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

«A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021», señaló la resolución, que lleva la firma del mismo Rosatti más la de sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».

En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que «resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional».

Con esta decisión, la Corte avanza en el cumplimiento de su acordada de diciembre pasado pese a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia Martín Soria, del propio presidente del Consejo Alberto Lugones y de numerosos dirigentes y parlamentarios del oficialismo.

El domingo, a través de las redes sociales, la Vicepresidenta advirtió que hay una «casta de la que nadie habla» al reprochar el silencio de muchos medios y periodistas en esta materia, y citó una publicación explicativa del periodista Matías Mowszet sobre las implicancias de esta grave controversia institucional.

«Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó auto-eligiéndose meses atrás», dijo Mowszet, citado por Fernández de Kirchner.

En el caso de Soria, el ministro habló de un «golpe institucional» y manifestó que el actual presidente de la Corte, y flamante titular del Consejo de la Magistratura, llegó al máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.

«La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la Justicia. No están salvando la República; están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices», cuestionó hoy Soria en declaraciones radiales.

Lugones, por su parte, en la última sesión del Consejo con la integración de 13 miembros que se celebró el miércoles pasado, señaló una vez más que «no me gusta el fallo de la Corte pero, como juez, debo cumplirlo».

No obstante, el camarista penal de San Martín planteó en el mismo encuentro que si Rosatti asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería «una especie de intervención» porque no se cumpliría el precepto fijado por la misma Corte en el fallo, en el que ordenó que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».

Sumándose al debate, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos emitió esta mañana un comunicado en el que le solicitó a la Corte un plazo de 90 días para sancionar la ley del Consejo que ya cuenta con media sanción del Senado.

Más allá de la discusión política-institucional, lo cierto es que la asunción de los representantes del Congreso aún sigue suspendida por la presentación en la Justicia federal de un amparo del diputado nacional del FdT Marcelo Casaretto.

La Corte recibió hoy un pedido de ‘per saltum’ para resolver el amparo, solicitado por el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura bonaerense Guillermo Sagués, y también dispuso que el juzgado que tramitó el recurso envíe toda la documentación relativa al cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Aun sin estos representantes designados, la Corte decidió avanzar en la toma de juramento a la representante de los magistrados, la jueza civilista Agustina Díaz Cordero, y a las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, aunque por el momento no fijó fecha.

Duros cuestionamientos a Rosatti

Funcionarios y legisladores del oficialismo junto a abogados y miembros del Poder Judicial rechazaron este lunes con duros cuestionamientos la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como nuevo titular del Consejo de la Magistratura, a quien acusaron de perpetrar un «asalto» a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso de la Nación, al recordar que «la Justicia no debe legislar».

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un «golpe institucional» con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que «no están salvando la República», sino «protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices».

En el mismo sentido lo acompañó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es «absolutamente anormal e ilegal» porque «no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales», según advirtió en declaraciones radiales.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como «un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo» que «pone en peligro el Estado de Derecho» ya que -reiteró- «la Justicia no debe legislar».

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas, como las del presidente saliente del Consejo de la Magistratura, el camarista Alberto Lugones, y el titular del Juzgado federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

«Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó», planteó Lugones, camarista y docente de Derecho Constitucional, en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, detalló que el fallo de la propia Corte sobre la Magistratura es «contundente» porque especifica que el titular del máximo tribunal va a poder asumir «recién cuando se integren los demás miembros hasta llegar a los veinte de la ley derogada».

Por su parte, Ramos Padilla calificó el hecho como «un golpe de Estado institucional» y afirmó que la Corte Suprema «se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución».

Desde el Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, alertó que con sus decisiones de esta lunes la Corte «está quemando la Constitución Nacional», y equiparó la situación con «un golpe institucional».

«Las papas no están quemando sino que la Corte está quemando la Constitución nacional. Quiere aplicar una ley que derogó el Congreso y, aunque sea ‘suprema’, eso no la vuelve legislador», argumentó la letrada al insistir con el principio de que el Poder Judicial no tiene funciones legislativas.

En sintonía con esos planteos, los diputados y senadores del Frente de Todos encuadraron la acción de la Corte como «un asalto al estilo Rambo», según palabras del neuquino Oscar Parrilli, y coincidieron en que el máximo tribunal está protagonizando «un golpe institucional».

Según Parrilli, la Corte está «asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo», y luego adjudicó la intervención por parte del máximo tribunal a «una maniobra de (Mauricio) Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene».

También el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, describió el episodio como «un escenario de gravedad institucional».

«Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional», insistió Martínez.

Su par Eduardo Valdés (FdT) consideró que la asunción de Rosatti configura «un golpe institucional de Palacio» que, «lejos de mejorar la calidad de las instituciones, genera un conflicto donde no lo había», cuestionó en diálogo con FM Futurock.

En la misma línea, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió a los miembros de la Cámara baja y del Senado que integran el Consejo de la Magistratura no convalidar el «desembarco» del presidente de la Corte, a quien atribuyó «desesperación y ambición de poder».

(Télam)

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