La acción fue presentada por una ciudadana, alegando la protección de sus propios derechos y el de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, contra el pase sanitario.
La denunciante expresa su disconformidad por el pase sanitario nacional dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante una decisión administrativa, argumentando «…Que la vacunación contra el COVID-19 es voluntaria -no obligatoria- por tanto, a su entender es notable la arbitrariedad y desmesura de este acto administrativo que priva del derecho de ser libre en nuestro territorio…»
El Juez de Garantías de Escobar, rechazó la medida y fundó su decisión en que: “… no existe ninguna restricción ni amenaza arbitraria a la libertad personal si, como es de público y notorio conocimiento, nos encontramos atravesando una situación sanitaria particular, grave e inédita, que sin duda alguna obliga a reevaluar la conducta a adoptar de acuerdo a las contingencias de nuestra región y del resto del mundo; pero que, en ningún caso, los intereses individuales pueden erigirse por sobre los mejores criterios de salud pública que fueron diseñados no solo por el juicio científico, sino también de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que avalan la política sanitaria llevada a cabo por las autoridades. Por lo demás, la aquí accionante en su presentación no ha manifestado que ya le hayan negado el ingreso a algún organismo, ni tampoco explica, ni acredita, si tiene indicaciones médicas concretas que le impiden vacunarse; de modo tal que -tal como ella misma lo afirmó en su presentación su pretensión resulta eminentemente de puro derecho, es decir la de cuestionar de inconstitucional una norma de alcance general, una cuestión que sería -en tal caso- de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo prevé el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial…”.
