El Honorable Concejo Deliberante, el pasado martes 26, volvió a sesionar en su recinto ubicado en la calle Asborno, llevando a cabo así su 7ma. Sesión Ordinaria. Entre los proyectos que fueron aprobados se encuentra el Proyecto de Ordenanza que establece la prohibición de la habilitación de oficinas y/o estudios de negocios inmobiliarios bajo nombres de fantasía y/o la forma de representación de franquicias de cualquier tipo, presentado por el Concejal Marcos Tiburzi.

Del mismo modo, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza de su autoría, que modifica el nombre de el tramo de 300 metros de la calle Obligado, a la altura de la Av. San Martín al 2800 del barrio El Cazador, por el nombre «Zorzal», en virtud de las confusiones que se generaban a raíz de existir otra arteria en el mismo barrio, con la misma denominación. Además se aprobó un tercer Proyecto del funcionario, el Proyecto de Resolución declarando el repudio a las expresiones de odio y violencia hacia las mujeres, efectuadas por el Diputado Nacional Fernando Iglesias.

Sobre el proyecto de prohibición el edil manifestó que: «Esta norma pone fin a la operatoria de distintas redes que, bajo la denominación de “franquicias”, ofrecen y desarrollan actividades de intermediación inmobiliaria sin título habilitante, en defensa de los martilleros públicos matriculados de nuestro distrito»

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Previo a la aprobación del proyecto el Tiburzi realizo una defensa del mismo. Para iniciar su defensa Tiburzi señalo que «en la provincia de Buenos Aires, en Escobar en particular y en el resto del país, en la práctica, todos aquellos martilleros/corredores inmobiliarios que están al frente de una “franquicia inmobiliaria” (llámese como se llame), transgreden las leyes: prohibido asociarse con alguien que no es martillero/corredor, siendo pasibles de sanciones disciplinarias. Además explicó que «las profesiones no se franquician y son indelegables” (martilleros, corredores inmobiliarios, farmacéuticos, médicos, escribanos, bioquímicos, entre otros)».

«Otro capítulo a tratar y que es tan delicado como lo mencionado ut-supra, es el tema de los llamados “agentes inmobiliarios” o vendedores de las inmobiliarias que trabajan bajo el método de franquicias. Estos “agentes inmobiliarios”, apañados por Corredores inmobiliarios matriculados, son sospechados de encubrir con su nombre y matrícula el accionar de los agentes que son personas no matriculadas que ejercen la profesión, generando un grave
perjuicio a los profesionales debidamente habilitados»
, continuó su defensa el edil.

En ese sentido aclaró que en la actualidad, «bajo la figura legal de “franquicias”, se crean estructuras para el ejercicio de la profesión por parte de personas que no están habilitadas, por carecer de título profesional y matrícula habilitante, contrariando así lo dispuesto en las leyes: 20.266 y 20.028 a nivel nacional, y la ley provincial 10.973, que exigen título universitario para tales fines».

«La actuación de las franquicias, ocasiona una grave distorsión en el mercado inmobiliario, ya que este comportamiento no solo provoca confusiones o engaños al consumidor, fundamentalmente por la uniformidad del uso de un nombre o logo en todo el país, sino que al emplear los servicios de “agentes inmobiliarios” sin títulos profesional ni matrícula habilitante, provocan una competencia desleal a todos los profesionales matriculados».

Según establece el Concejal en el país y «en Escobar también, se han instalado en los últimos años, distintas franquicias que ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria, que ejercen la profesión de martillero de modo ilegal, dañando los intereses de martilleros y corredores debidamente matriculados».

En consecuencia, por las razones anteriormente expresadas por el Edil, basándose en lo establecido en el inciso 1ro. del artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, concluye que «es competencia del cuerpo deliberativo, reglamentar la “radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicta la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales”.

«Es por todo lo expresado, que resulta necesario sancionar una norma la cual regule esta actividad, sin perjuicio de lo establecido en normas nacionales y provinciales que regulan la materia. Acompaño de este modo, el proyecto de ordenanza a sancionar», finalizó su defensa el Concejal.

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