Impuesto a la riqueza: Diputados debate el proyecto en una sesión que promete ser maratónica

El oficialismo intenta darle media sanción a la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner y Carlos Heller para gravar a patrimonios mayores a los $200 millones.

La Cámara de Diputados debate en el recinto el “Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas” para atender gastos derivados de la pandemia de coronavirus, que implica la creación de un tributo a la riqueza. La sesión arrancó a las 12.27 y se prevé que sea maratónica, ya que podría durar 24 horas.

Es presidida por el vicepresidente de la cámara baja Alvaro González (PRO), ya que el titular del cuerpo Sergio Massa se encuentra en aislamiento preventivo por haber participado el viernes pasado de una reunión con representantes del FMI, uno de los cuales dio positivo en coronavirus.

La polémica iniciativa es impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. Apunta a gravar con una tasa a patrimonios mayores a los $200 millones y alcanzaría a un universo de entre 9000 y 10.000 personas, según las estimaciones de los impulsores del proyecto. La alícuota de la contribución es progresiva y varía entre el 2% y el 3,5%, en función del volumen patrimonial.

A los 117 votos del Frente de Todos se sumarían 11 sufragios del interbloque Federal, que conduce Eduardo Bucca; seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramon; uno del Movimiento Popular Neuquino, y dos de Acción Federal, cuyo titular es Felipe Álvarez, que hasta hace 15 días formaba parte de Juntos por el Cambio.

Con estos respaldos, el oficialismo alcanzaría 137 votos y lograría la mayoría necesaria para aprobar el proyecto, pese a los sufragios en contra que se esperan por parte de Juntos por el Cambio y que ya anticipó el titular del interbloque, Mario Negri.

Mientras los legisladores presentaban cuestiones de privilegio se vivieron momentos de tensión. Inicialmente la radical Brenda Austin cuestionó los giros a comisiones que se les dan a los proyectos. Se refirió a la vulneración de lo que establece el reglamento, al señalar que en una iniciativa de ella “se resolvió de manera arbitraria ampliar el giro a la Comisión de Industria”, cuando en la Comisión de Recursos Naturales se había dictaminado y ya había pasado a Presupuesto. Planteó que ese giro es nulo y pidió que fuera dejado sin efecto.

Luego pidió la palabra la legisladora del oficialismo Cecilia Moreau, que manifestó: “Hay que cuidar el reglamento en todo momento, la verdad que por nota el bloque de Juntos por el Cambio pidió agregar el giro a la Comisión de Industria de la ley de etiquetado frontal, y así lo dispuso la Cámara”.

La interrumpió González para aclarar que ese era un tema que debía ser tratado en comisión, pero la diputada oficialista insistió: “No, no, no… y además los acuerdos se cumplen, y así como pidieron de manera informal que se constituya en comisión…”. El diputado del PRO le pidió que respete el reglamento, y la diputada exclamó a los gritos: “¡Laburen si quieren laburar! Las comisiones tienen que laburar una vez por semana y durante cuatro años no lo hicieron”.

Malestar de los empresarios por el proyecto de impuesto a la riqueza. En tanto, crece el malestar entre las entidades empresarias más grandes del país, que advierten sobre el impacto que tendrá sobre las inversiones futuras: cuestionan el sentido de oportunidad para debatirlo y hasta hay quienes se atreven a insinuar una “rebelión fiscal”.

Las críticas fueron canalizadas a través del Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a las grandes entidades empresarias del país, pero luego se fueron sumando voces también por fuera. Entre ellas, la del banquero Jorge Brito, que se animó a alertar que creará “rebelión fiscal, desaliento de la inversión y éxodo de personas y empresas”.

Uno de los más contundentes en sus críticas fue el Foro de Convergencia Empresarial, que está integrado por más de 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras. Dijo que observa “con gran preocupación el avance” de esta iniciativa y se refirió al sentido de oportunidad del momento en que será debatido.

“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso”, manifestó a través de un comunicado.

A quiénes alcanza: Si bien hace semanas se planteaba que el tributo extraordinario podría alcanzar a unos 12.000 contribuyentes con fortunas superiores a los $200 millones, en los últimos días desde el oficialismo se reforzó la idea que el universo está por debajo de las 10.000 personas.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró este lunes “muy necesario” el aporte de las grandes fortunas al plantear, en declaraciones radiales que “son 10.000 argentinos en un país de 45 millones, en un contexto de pandemia” y resaltó que “parte de lo recaudado va a ir a la urbanización de 4400 barrios populares donde las personas viven como en el siglo XIX”.

En ese marco, el proyecto de ley que llega al recinto de Diputados expresa que estarán alcanzados por el aporte solidario y extraordinario, los siguientes sujetos:

• Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos de la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
• Las personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, serán considerados sujetos residentes a los efectos de este aporte.
• Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, excepto las mencionadas en el segundo párrafo del inciso anterior, por la totalidad de sus bienes en el país comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en la mencionada ley de IIBB, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
• Quedan exentas de este aporte aquellas personas que tengan el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de $200 millones inclusive.

Cuánto recaudará el Estado. En el Gobierno se estima que el aporte extraordinario de las grandes fortunas sumará $307.000 millones a las arcas estatales que recaudará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que será la encargada de aplicar, percibir y fiscalizar el pago del impuesto.

A la vez, la iniciativa contiene parámetros específicos sobre el destino de esos fondos. El proyecto apunta, desde su título, a que el aporte para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, con partidas específicas para la compra de insumos y equipamiento de salud, apoyar a pymes, urbanizar barrios populares, obras para el envasado de Gas Natural de YPF, y para financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes.

En el texto que llega este martes a Diputados, se establece que los fondos deben ser utilizados para:

• 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
• 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
• 20% destinado al programa integral de becas Progresar, del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
• 15% para el Fondo de Integración Social Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares.
• 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. la cual viabilizará esos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A. en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.

Además del impuesto a las grandes fortunas se votará el proyecto de Presupuesto 2021 que volvió del Senado en revisión, la iniciativa que cambia la Ley de Manejo del Fuego para impedir uso de tierras incendiadas con fines especulativos y la “Ley Yolanda” de educación ambiental para personal de la administración pública nacional.

(TN)