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Tragedia de Once: fue un caso de corrupción seguida de muerte

en Nacionales

Luego de ocho años y siete meses el caso fue cerrado por la Corte Suprema de Justicia.

Pasaron 3137 días entre el 22 de febrero de 2012 y el 24 de septiembre de 2020. El jueves la Corte Suprema de la Justicia de la Nación dio por finalizado lo que aquella tarde en los micrófonos de radio Continental denominé como un caso de “corrupción seguida de muerte”. Así quedó demostrado en todas las instancias judiciales. La decisión de ayer de la Corte cerró el caso al haber resuelto la última apelación posible. La Tragedia de Once fue eso: un caso de corrupción seguida de muerte.

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Antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los imputados por el caso de la Tragedia de Once apelaron su condena ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 8 de mayo de 2018 la Sala III de Casación revisó la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había realizado el juicio y confirmó las condenas. Subió la pena que le habían dado a Ricardo Jaime, quien fuera secretario de Transporte del kirchnerismo entre 2003 y 2009: fue condenado a ocho años de prisión por la composición (suma) de la pena de otras dos condenas por corrupción a la de la Tragedia de Once. A Jaime todavía le queda una apelación por una porción de la condena.

Y bajó la pena de Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte al momento del choque del tren contra el andén de la estación de Once. El Tribunal lo había condenado a ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público, pero la Casación redujo su condena a cinco años y medio. Desde aquel fallo de la Casación que confirmaba lo decidido por el Tribunal Oral Federal 2 algunos de los condenados comenzaron a cumplir su pena en prisión. El único que por entonces estaba detenido era Jaime, con prisión preventiva por otros casos de corrupción. Entre la condena del TOF 2 y el fallo de Casación habían pasado 861 días.

El 29 de diciembre de 2015 el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la Tragedia de Once había puesto de relieve el modo en que se manejaron los ferrocarriles desde la privatización de los 90 y su continuidad en el kirchnerismo. Fue por ello que las condenas no fueron solo para Jaime y Schavi sino también para los integrantes de la empresa Trenes de Buenos Aires, el actor privado que manejaba la explotación ferroviaria de la línea Sarmiento.

Las condenas se dictaron por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo. Es decir que los funcionarios públicos no hicieron lo que debían haber hecho: controlar que los millonarios fondos que se aportaron a la empresa que tenía a su cargo la explotación del tren Sarmiento se tradujeran en un buen funcionamiento acompañado por la garantía de seguridad para los pasajeros.

Quedó demostrado que el tren de la Tragedia de Once -que era modelo 1962- seguía funcionando como si nada. Lo ataban con alambre y salía a llevar miles de pasajeros apiñados que iban y volvían de Once al Oeste del Conurbano bonaerense. Una de las explicaciones para entender por qué los trenes seguían funcionando a pesar de la saturación de los materiales es que eran las mismas empresas ferroviarias que explotaban el servicio las que se beneficiaban por los millonarios contratos de reparación de los trenes tan vetustos que en otros países estaban arrumbados. Después de la Tragedia de Once el Estado comenzó a comprar trenes nuevos.

Debido a que no controlaron el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros fueron procesados Jaime y Schiavi. Se demostró que habían recibido reiteradas advertencias para que tomaran medidas contra la empresa que incumplía con los estándares de mantenimento y seguridad que el servicio de trenes requería. Las alarmas las hicieron sonar Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro los dos funcionarios que estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, quienes fueron absueltos en el juicio oral y público.

Según se estableció en distintas instancias judiciales, no hicieron nada los que estuvieron a cargo de la secretaría de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner ni el jefe directo de ambos: el ministro de Planificación Julio De Vido. Por eso el Tribunal que condenó a Jaime y a Schiavi pidió que De Vido fuera investigado también como responsable de la Tragedia de Once. En octubre de 2018 otro Tribunal Oral Federal condenó a De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión por su responsabilidad por la administración fraudulenta de los recursos del Estado que preparó el terreno para la Tragedia de Once. No se encontraron pruebas para acusarlo del choque, como sí sucedió con Jaime y Schiavi. De Vido apeló su condena -que no está firme- a la Cámara de Casación.

En el juicio de 2015 también fue condenado Marcos Córdoba el motorman que manejaba el tren aquella mañana de febrero de 2012. Lo culpan de haber hecho mal su trabajo. Es cierto, la justicia determinó que fue negligente y por ello fue condenado a una pena de 3 años y 6 meses de prisión que la Casación redujo en 3 meses. Está preso porque fue responsable debido a cómo hizo su tarea pero también se demostró en el juicio que manejaba un tren obsoleto, con fallas de funcionamiento producto de la corrupción que unía a empresarios y funcionarios. Cuando tuvo a su cargo la investigación el fallecido juez Claudio Bonadio habló de “responsabilidades concurrentes” para que el choque ocurriera. Eso fue lo que se demostró en el juicio.

Después de ocho años, siete meses, y dos días quedó confirmado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Tragedia de Once fue un caso de corrupción seguida de muerte. Hubo 51 muertos y 789 heridos. Y muchísimo dolor.

(Infobae)

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