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El Gobierno oficializó la prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones

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Hasta el 30 de septiembre las empresas no podrán echar a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

En el marco de la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus y la cuarentena, el Gobierno Nacional volvió a prorrogar por otros 60 días la prohibición de despidos y suspensiones.

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A través del Decreto 624/2020, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos sus ministros, el Poder Ejecutivo estableció que hasta el 30 de septiembre las empresas no podrán echar a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

La medida estaba prevista y fue oficializada este miércoles. Desde el Ministerio de Trabajo no descartan que vuelva a prorrogarse, si la crisis económica producida por el aislamiento social se prolongara.

Los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, expresa el artículo 4 del texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El mismo “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, se aclaró.

Los fundamentos del nuevo decreto son los mismos que en los casos anteriores (el primer DNU rigió desde el 1° de abril y el segundo, desde el 1° de junio): se dicta en el marco de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”, expresó el Poder Ejecutivo en los considerando. Y agregó: “Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y del parate económico producto de la cuarentena obligatoria.

Además de la prohibición de los despidos, el Gobierno dispuso otras medidas para ayudar a mantener los empleos, como el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). El mismo entró en su cuarta etapa para cubrir el salario complementario de trabajadores del sector privado para los sueldos de julio e incluye a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país, tomando en cuenta su localización geográfica: está destinado para las zonas en las que aún rige el aislamiento, como AMBA y Resistencia y para los sectores críticos en cualquier lugar del país.

Esta normativa estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa”, indicó el Gobierno.

En la Casa Rosada estiman que en total hubo 310 mil empresas que recibieron al menos un ATP, con pagos por casi 93 mil millones de pesos y 2,8 millones de asalariados beneficiarios.

Pese al auxilio estatal, la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, advirtió la semana pasada que las consecuencias de la pandemia en la Argentina serán muy difíciles: “El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”.

(Infobae)

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