La Defensoría del Pueblo de la Nación reitera su preocupación por el marcado aumento de denuncias de casos de violencias de género en el marco de las situaciones complejas a las que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados dadas las restricciones impuestas por el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) ha desplegado una amplia variedad de medidas para mitigar estos efectos no deseados. Ha fortalecido la Línea 144, puso a disposición nuevos canales de comunicación a través de correo electrónico y whatsapp. Además, implementaron la geolocalización de los recursos disponibles, fortalecieron los hogares de protección integral, exceptúan a las víctimas de las medidas de aislamiento por razones de fuerza mayor, articulan alojamientos para damnificadas e impulsan medidas específicas destinadas a la población LGBTI+, entre otras.

Sin embargo  a todas luces el otorgamiento de prisiones domiciliarias indiscriminadas y sin las garantías adecuadas de detenidos va en contra de estas medidas de protección. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso se han visto beneficiados con estas liberaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género.

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Sin embargo  a todas luces el otorgamiento de prisiones domiciliarias indiscriminadas y sin las garantías adecuadas de detenidos va en contra de estas medidas de protección. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso se han visto beneficiados con estas liberaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género.

En ese sentido, la Defensoría suscribe, a una advertencia realizada por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en nuestro país, Roberto Valent, sobre el tema. Valent, propone “Establecer una ‘coordinación transversal’ en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que ‘incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada’”.  Es decir evitar que medidas acertadas tomadas por un sector de la administración, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional a través del  MMGyD, se vean anuladas o perjudicadas por acciones de otros poderes u organismos

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación recomiendan que al considerar otorgamientos de prisión domiciliaria se tengan en cuenta los antecedentes de la persona privada de libertad. Que también se haga un informe ambiental del domicilio donde cumplirá la medida, dado que en muchos casos las condiciones de vulnerabilidad de los mismos por hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, situación de pobreza o indigencia de los hacen que no sólo no se logre el objetivo de garantizar los derechos humanitarios del condenado, sino que se ponga aún en un mayor riesgo a otras personas y se incrementen situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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