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Los Jueces de la Provincia de Buenos Aires justifican su accionar ante acusaciones de funcionarios políticos

en Nacionales

Debido a manifestaciones de funcionarios políticos, “en particular, del Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación” expresando la posibilidad de iniciar juicios políticos a los jueces penales bonaerenses por no cumplir con la Ley Nacional de Víctimas, desde La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires expresan su punto de vista de la situación.

En primer instancia argumentan que el «enjuiciamiento de magistrados no fue concebido constitucionalmente, ni está reglamentado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las resoluciones que se dictan en las diferentes etapas del proceso penal bonaerense.» Alertan que tal desnaturalización perjudica la independencia del poder judicial.

Por otra parte, sostienen que el incumplimiento de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (ley 27.372, sancionada el 21 de junio 2 de 2017) es lo que se le reprocha a estos jueces. La Red manifiesta que esta ley, no es aplicable en la Provincia. «Desde que la Legislatura Bonaerense no dictó norma alguna para adecuar la legislación procesal a la Ley Nacional de Víctimas, esta última no se encuentra vigente en nuestra provincia, sin perjuicio de las disposiciones procesales específicas que aseguran los derechos de las víctimas en el Código de Procedimiento Penal.» aseguran.

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Finalmente respaldan su razonamiento en la Resolución n° 744/09, del 2009. En la misma insisten «Somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión (…). De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial»

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