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Martilleros piden por la apertura de inmobiliarias

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El pasado martes 14 de Abril, la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos del partido de Escobar presento una solicitud por la autorización de la apertura de las oficinas inmobiliarias bajo un estricto protocolo al intendente, Ariel Sujarchuk.

Debido a las ultimas novedades resueltas por el gorbierno respecto a las actividades que se sumaron a las permitidas a desarrollar en época de cuarentena, el rubro inmobiliario ha decidido realizar una petición para poder reanudar su actividad. Así la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de Escobar (En formación) y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Zárate/Campana hicieron llegar su solicitud a Ariel Sujarchuk. 

El escrito presentado por los martilleros, detalla los fundamentos de su reclamo y proponen un protocolo sanitario y de procedimiento para la atención del público. «Centramos nuestra solicitud en tres ejes, los cuales se entraman entre si: lo social, lo humanitario y lo económico» establecen desde la Asociación en su carta.

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La propuesta realizada, desde la asociación al intendente es, la apertura de las oficinas, en franjas horarias reducidas, con turnos y tomando las precauciones correspondientes. «Nuestra tarea se limitará a la gestión de cobranzas» y pagos para personas no bancarizadas y quienes no puedan movilizarse, sostienen. Prometen llevar registro escrito, con horario y tiempo de permanencia en cada oficina.  

La asociación argumenta que si bien las transacciones son por medio de entidades bancarias, «otra gran mayoría proviene de la gestión personal de cobranza». Motivo por el cual es necesaria la atención a estas tareas de modo personal y presencial.

Por otro lado también describen la posibilidad de una necesidad de cambio de vivienda por motivos tales como los casos de violencia intensificada en esta cuarentena o discapacidades que requiera otra opción de vivienda. De acuerdo con el documento «estas y otras demandas» llegan telefónicamente, pero requieren de asistencia personal y se ven imposibilitados a dar respuestas satisfactorias.

Del mismo modo argumentan que se encuentran en «una difícil situación económica a punto tal de hacer imposible continuar» con la actividad. Reconocen que respetan el rechazo de despidos, pero al no poder continuar con la actividad imposibilidad el pago de haberes a empleados.

Asimismo adjudican a la situación el no cumplimiento con los aportes jubilatorios, los pagos de cuotas colegiales, las contribuciones municipales y provinciales. Por el momento se encuentran a la esperan de una respuesta.

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