En la jornada Taller Agenda 20/30 en la Argentina, desarrollada en la Defensoría del Pueblo de CABA, se abordó el contenido y alcance del plan de acción que fue adoptado por los Estados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, su perspectiva de Derechos Humanos y el rol de las Defensorías del Pueblo.


En el marco de la firma del Convenio de Cooperación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Defensora del Pueblo de Escobar fue elegida para ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva para la implementación de la Agenda 2030 por ADPRA.

En este sentido, expresó: “El lema principal de la Agenda 2030 es ‘NO DEJAR NADIE ATRÁS‘, por tal motivo creo que el rol de las Defensorías del Pueblo es clave para lograr la implementación de la Agenda en todos los ámbitos de gobierno. Dentro de las funciones principales de la Defensoría del Pueblo en el proceso de adaptación de la Agenda 2030 destacamos: garantizar la atención prioritaria de los grupos más vulnerables, proporcionar asesoramiento al Gobierno respecto del enfoque de los Derechos Humanos en las distintas etapas de adaptación de la Agenda, fortalecer la participación pública, fomentar el diálogo y la interacción de los distintos actores”.

Consultada en relación a la importancia de los gobiernos locales en la articulación de programas, acciones y políticas, Fernández aseguró que se trata de una Agenda global y local, y que “es en las ciudades donde hay que construir un nuevo desarrollo, en el caso particular de mi distrito por decisión e impulso del Poder Ejecutivo de asumir un rol protagónico y convocar a la sociedad civil, se trabajan varios de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que marcó la Agenda 2030, como lo es por ejemplo el Programa Hambre CERO que es el ODS Nº 2, y del cual la Defensoría del Pueblo participa desde su creación como miembro de la mesa de Directorio, lo cual fue informado al Consejo dependiente de Presidencia de la Nación”.

Por último, refirió que por medio de este instrumento, se busca lograr un desarrollo sostenible que equilibre la protección social con la economía y el medio ambiente desde un enfoque de Derechos Humanos.

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